Hoy por Hoy 2003/07/18

Los procesos judiciales contra periodistas son moneda corriente en Panamá, que aventaja en esa materia al resto de las naciones latinoamericanas. Se trata de un récord penoso. En la raíz de esa situación se encuentran la hipersensibilidad de los funcionarios, que se obsesionan por obtener un cargo público sin medir el compromiso de rendición de cuentas que adquieren, y los obstáculos para la obtención de información y documentos oficiales de relevancia. Tanto anacronismo, que se sustenta en el conjunto de leyes restrictivas a la libertad de expresión, constituye un riesgo adicional al ejercicio del periodismo independiente. Sobre cada paso de los periodistas penden, como armas intimidatorias, distintas leyes represivas. Muchos funcionarios, que están prestos a aplicarlas, se niegan a entender su función pública, hacen malabarismos para que aquello de interés común sea reservado, y consideran una amenaza la indagación por los periodistas de información oficial. La mayoría de esos procesos judiciales se sustenta en las normas de calumnia e injuria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado la despenalización de esas normas. Panamá está obligada a modificar todo este orden de cosas si pretende dejar atrás este récord vergonzoso.