Hoy por Hoy 2003/06/09

Es chocante el informe de auditoría de los estados financieros de 2002 de ministerios y otras entidades, que fue elaborado por la Contraloría General de la República. La primera conclusión que se desprende de ese informe es que la contabilidad en el Gobierno anda manga por hombro. Panamá se rige por las normas de auditoría gubernamental, las cuales son un punto de partida para la presentación de los estados financieros de las entidades oficiales. Es general la reprobación de las cuentas presentadas por los ministerios. La única excepción es el de la Presidencia, que curiosamente no aparece en la lista. ¿Acaso las normas de estricto cumplimiento en asuntos tan serios están escritas en otro idioma? ¿Pueden dormir tranquilos los ministros mientras es evidente la mala organización y gestión en sus carteras con cuentas mal llevadas? El informe es un análisis de la Contraloría sobre los estados financieros que son emitidos por las distintas dependencias. No se refiere, por tanto, a desfalcos ni a actos deliberados de corrupción. Es preocupante, no obstante, que olímpicamente se omita el registro, por ejemplo, de determinados bienes y cuentas bancarias oficiales. El MEF pasó de largo -asegura la Contraloría- 63 millones de dólares que corresponden a cuatro programas. Se afirma que la situación empeoró en 2002, en comparación con lo que había ocurrido en 2000 y 2001. Los funcionarios tienen obligaciones constitucionales que cumplir. No basta que justifiquen lo injustificable en relación con la calamidad en que se encuentra la contabilidad oficial.