Hoy por Hoy 2003/04/27

Durante esta semana han ocurrido dos hechos que aunque separados tienen la misma raíz. Por un lado, la presidenta Moscoso hizo señalamientos contra este diario, visiblemente molesta por la asignación periodística de la propiedad del Estado ubicada en Punta Mala, y pretende ahora constituirla en un delito. Por otro lado, y en clara orquestación, los dos viceministros de Economía y Finanzas y legisladores oficialistas han iniciado una campaña contra el Defensor del Pueblo por la “transgresión” cometida por este funcionario y la institución a su cargo de haberse pronunciado sobre las reformas tributarias y sus consecuencias en la economía de las familias panameñas. Es de esperar una conducta cada vez más agresiva y preocupante de los más altos funcionarios de un gobierno al cual le quedan 16 meses de gestión y que por la angustia electoral confunde las acciones de la oposición política con el cumplimiento del papel que le corresponde jugar a los medios de comunicación social y a instituciones como la Defensoría del Pueblo. Los personeros del Ejecutivo y sus representantes en el Legislativo revelan, en ambos casos, que no tienen ni claridad ni precisión de lo anterior en una democracia. A la oposición le corresponde el cuestionamiento y la fiscalización del gobierno, si no lo hace ese no es nuestro problema; pero a los medios y a la Defensoría les toca ir más allá de la fiscalización, es decir, llegar hasta la divulgación de la información a la que todos los miembros de la sociedad tienen derecho.