Hoy por Hoy 2003/04/26

Si hay algo que no admite demasiada discusión es que los problemas complejos difícilmente pueden resolverse con remedios sencillos. Es indudable que, del conjunto de medidas posibles para bajar la criminalidad juvenil, la modificación de las leyes es la más inmediata y sencilla de implementar, y es con la que los políticos pueden testimoniar su capacidad de hacerse cargo de los problemas de la gente. Sin embargo, está ampliamente demostrado en la experiencia mundial que la amenaza de una pena mayor, por sí misma, no disuade al delincuente. Más disuasivo es, en cambio, que quien delinque sea atrapado, juzgado y encarcelado, en una proporción alta de los delitos cometidos. Para que ello sea posible, se requiere contar con una infraestructura policial y judicial bien equipada y eficiente. Porque habida cuenta de la actual situación carcelaria y de los tribunales de menores (que están más cerca de socializar en el delito que de reinsertar productivamente en la sociedad a los internos), apelar como remedio meramente a encerrar a muchachos cada vez más jóvenes solo servirá para cargarlos de más resentimiento y perfeccionarlos en la vía del delito. Lo que la sociedad reclama, sobre todo, es que el hecho delictivo no suceda y que la situación de violencia no se produzca. Porque después de que la víctima padeció un vejamen el encarcelamiento del delincuente puede paliar su dolor, pero no vuelve las cosas a su estado anterior.