Hoy por Hoy 2003/04/24

Es lamentable que los productores de cebolla de Natá no hayan podido encontrar mercado tras una cosecha abundante. Tendrían que revisar los criterios de asignación de recursos y evaluar los mecanismos de comercialización para identificar el origen y las causas del problema. No obstante, es mucho más preocupante la forma cómo la Presidencia de la República sirvió de escenario para una fijación de precio, lo cual constituye una práctica inconstitucional e ilegal, tipificada además en el Código Penal, en el Título XII que trata sobre “Delitos contra la Economía Nacional”, y es sancionada hasta con pena de cárcel. Crea malestar observar que la presidenta y dos de sus ministros contravengan el acuerdo suscrito entre la República de Panamá y la Organización Mundial de Comercio, y negocien a espaldas de los consumidores, tal como se hacía en la época de los cuarteles, cuando se decidía qué producir, qué cantidades y a qué precios. Es también penoso que instituciones creadas para investigar tales prácticas sean encubridoras y estén durmiendo el sueño eterno. Con esta actitud ilícita, el Gobierno fracasa nuevamente en su intento por reactivar el agro, sector que está en descalabro desde el mismo día, en 1999, cuando anunció el aumento de los aranceles. Estamos, pues, ante un gobierno que no solamente es ineficiente en su gestión sino que abiertamente viola las leyes.