Hoy por Hoy 2003/02/22

Por absoluta irresponsabilidad o miopía, o por ambas, el Ejecutivo está jugando con un asunto tan sensitivo como lo es el manejo del Canal. Si bien es “un patrimonio inalienable de la Nación panameña”, se trata de una empresa excepcional, que presta un servicio de transporte marítimo a grandes conglomerados enraizados en países con economías fuertes. Aunque es propietaria de la vía, la república prácticamente no es usuaria. La administración Moscoso comete graves errores cuando “maquilla” las finanzas públicas, en un intento sin éxito de disimular el déficit fiscal, con la consolidación de las cuentas “sanas” de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o cuando decreta una “barrería” de funcionarios en el Ministerio de Asuntos del Canal, con la agravante de ser generada por humores politiqueros. Son hechos que debilitan la credibilidad de Panamá -más allá del régimen transitorio- en su función estelar dentro del transporte marítimo internacional. El gobierno de Moscoso, en forma olímpica, desatiende la consigna clave que rige el título XIV de la Constitución sobre materia canalera: aunque está en manos del Estado, la empresa debe estar alejada al máximo de la politiquería para cumplir en forma eficiente con su función de permanecer abierta al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones.