Hoy por Hoy 2002/12/22

El llamado hecho por la procuradora de la Administración para que los fiscales y jueces actúen con celeridad en la aplicación de la justicia y así evitar que los delincuentes de cuello blanco abandonen el país impunemente, es un aldabonazo de advertencia para quienes deben velar por la conservación de la fe ciudadana en el sistema judicial. De nada sirve proclamar la necesidad de asumir códigos de ética cuya única sanción es de carácter moral cuando lo que verdaderamente reclamamos es un efectivo sistema de leyes que castigue con rigor, sin miramientos ni excepciones, a todos los transgresores, y que brinde a la ciudadanía la certeza de que su sistema de leyes opera con imparcialidad, encerrando sin distingos de ninguna naturaleza a todos los delincuentes. Aún pesan en la opinión pública las últimas quiebras dudosas que, con saldo de casi trescientos millones de dólares, atentan no sólo contra el bolsillo y la confianza de los inversionistas, sino contra la economía del país. Muy bien lo señaló, en días pasados, un dirigente empresarial al declarar que “ el que actúa dentro de este ambiente de corrupción representa un peligro para el que cumple con la ley, porque es una competencia desleal”. Dentro de este escenario, resulta casi rayano en lo ridículo que en uno de estos procesos judiciales se dicte un impedimento de salida contra los encausados cuando algunos de ellos, cómodamente instalados en otras latitudes, se abanican impunemente con el pasaporte diplomático, del cual disfrutan desde hace ya algún tiempo. Nuestra justicia requiere transformarse y dejar de ser la tortuga del cuento para acoplarse al paso de la liebre. No hay otro camino para recobrar la fe ciudadana.