Hoy por Hoy 2002/11/13

La existencia de un memorando catalogado como “falso” por miembros del Consejo de Seguridad Nacional, en el que se ordena la intervención de más de un centenar de teléfonos de altos funcionarios de los distintos poderes del país, además de periodistas, empresarios y miembros del clero, debe motivar una investigación judicial seria que logre dar con los responsables. Las declaraciones del procurador Sossa, de que no son nuevas las escuchas telefónicas, dan cuenta de la gravedad del acto ilícito y de su extensión en distintas instituciones. Es necesario, entonces, que la justicia avance en el esclarecimiento de estos delitos y que mejore el control de las actividades que llevan adelante nuestros agentes de inteligencia. Pero también es imperativo reflexionar sobre las consecuencias posibles de que en la actividad política se recurra a esta práctica ilegal a fin de obtener información privada. De cualquier forma, el hecho constituye una infracción penal, pues si se trata de un documento falso, como han dicho las autoridades, es un delito; y, si es verídico, por supuesto que también se trataría de un acto ilícito, porque de acuerdo con la parte final del Artículo 29 de nuestra Constitución Nacional “las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas”. Hay que investigar, porque, de no hacerlo, se afecta la seguridad jurídica, lo que es muy peligroso para el país.