El combate a la corrupción es un objetivo legítimo e incuestionable de todos los panameños. Sin embargo, para ganarlo hace falta mucho más que el mero enunciado de buenos propósitos. Se requiere conocer en profundidad los mecanismos que favorecen las prácticas corruptas y desactivar sus sistemas operativos. Obviamente, no hay métodos infalibles para prevenir estos delitos, pero contar con un sistema de rendición de cuentas es un paso ineludible para cambiar conductas enquistadas durante décadas. En principio, esa fue la letra y el espíritu de la Ley de Transparencia. No bastó el decreto ejecutivo que regula esta norma para castrar la esperanza de tener acceso a información sobre los actos públicos, planillas y gastos de viaje de cualquier funcionario, sino que la Corte Suprema se ha hecho cómplice del secretismo, validando las reiteradas negativas del Ejecutivo de entregar información de carácter público. La comunidad está hastiada de tanta complacencia y exige una administración judicial honesta y transparente, que termine de una vez por todas con la injerencia del Ejecutivo en otros órganos del Estado.
Hoy por Hoy 2002/10/29
29 oct 2002 - 05:00 AM
