Hoy por Hoy 2002/10/22

Es inútil intentar restarle méritos a los resultados obtenidos por la Comisión de la Verdad, que investigó durante 15 meses los asesinatos, las desapariciones y los desmanes cometidos durante la dictadura militar. Es completamente falso decir que la información recopilada por la Comisión ya era conocida. Para el investigador más bisoño, constituye material valioso todos aquellos restos encontrados en las decenas de excavaciones que llevó a cabo la Comisión en distintos puntos del territorio nacional. Además de los documentos desclasificados obtenidos en Estados Unidos, hay numerosas evidencias de que la Comisión de la Verdad elaboró, con responsabilidad y profesionalismo, un informe sobre los asesinatos, las desapariciones, las torturas y otros tratos crueles y degradantes ocurridos durante 21 años. A la luz de los resultados, no quedan dudas de que a la Comisión de la Verdad la movió un alto espíritu cívico, que es reconocido por la comunidad nacional. En vez de ignorar el aporte que ha representado, corresponde al Ministerio Público reabrir aquellos casos de violaciones a los derechos humanos enumerados en el informe rendido, con el propósito de castigar a los autores de las órdenes y a los responsables de haber apretado el gatillo. Rehuir ese imperativo es contrario a la naturaleza y funciones inherentes a la administración de justicia, con todas las responsabilidades que ello implica.