Hoy por Hoy 2002/10/18

Amplios sectores ciudadanos han condenado la determinación alcaldicia de demoler la vivienda de una humilde familia residente en el barrio capitalino de Villa Grecia. Causó estupor la demostración de fuerza y saña que demostraron los funcionarios municipales, que, acompañados por un contingente policial al mando de un mayor, dirigieron la destrucción del inmueble, sin importarles el clamor de las personas que la habitaban, entre ellas una anciana de 80 años y dos niñas de tres y seis años de edad. La acción emuló odiosos atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. En un gesto que merece el reconocimiento público, la Presidencia de la República y el MIVI han otorgado respaldo material y moral a la familia perjudicada, lo que es reconfortante y le sirve de alivio, ante la barbarie cometida. Los ciudadanos necesitan la protección –no la desprotección– de quienes ejercen cargos públicos, y repudian los hechos autoritarios. En Panamá rige un estado de derecho, en cuyos tribunales –más tarde de lo esperado– se dirimen las disputas, y no a sangre y fuego. La demolición de la vivienda en Villa Grecia es un ejemplo de lo que no deben hacer las autoridades, a las que les corresponde el deber de tratar con justicia a los ciudadanos. El gesto de la Presidencia es digno de respeto y merece el aplauso ciudadano, sobre todo porque esos funcionarios son por completo ajenos a la decisión y ejecución del bárbaro acto.