Hoy por Hoy 2002/10/17

Es preocupante la pugna que protagonizan en Chiriquí el gobernador provincial, designado por la presidenta de la República, y el jefe policial regional, nombrado por el director de la Policía Nacional. Las máximas autoridades del Ejecutivo [la presidenta y el ministro de Gobierno y Justicia] deben prestar especial atención a esa disputa que obstaculiza el efectivo funcionamiento del Estado en aquella provincia, y cortarla de raíz. La autoridad civil, en este caso el gobernador delegado por la jefa de Estado, está por encima de la policial. Al estar supeditado el jefe policial al responsable de la Gobernación, no deben haber contradicciones, contraórdenes ni equívocos. No obstante, es ambigua nuestra legislación en cuanto a los alcances de quienes ejercen la autoridad de policía, ya sean corregidores, alcaldes, gobernadores u otros cargos. Más allá de las territorialidades y los conflictos de egos, una situación como la que se está viviendo en Chiriquí no es aislada y no puede pasarse por alto. Las brechas en la legislación y la posibilidad de distintas interpretaciones en estas materias son peligrosas. No conviene a la institucionalidad ni al funcionamiento del Estado este tipo de pugnas. La presidenta de la República y el ministro de Gobierno y Justicia deben tomar cuanto antes cartas en el asunto.