Hoy por Hoy 2002/10/15

Espanta el grado de perversidad que impulsó a los funcionarios de la Alcaldía de Panamá que, apoyados y protegidos por oficiales y agentes de la policía, autorizaron y dirigieron la demolición de la vivienda de una familia humilde residente en el barrio capitalino de Villa Grecia. Amparados en una orden de desalojo, los funcionarios obraron con ensañamiento y emularon tropelías que se convirtieron en actos comunes durante el régimen militar. La propiedad es disputada por la autoridad municipal, por un lado, quien alega que una parte está construida sobre una servidumbre, y por el otro, un particular, que reclama una parcela del terreno. La posesión del inmueble, según una resolución judicial, desde hace 25 años está en manos de la familia que ha resultado perjudicada. Fue tal el arrebato inhumano que ni la presencia en la familia de una anciana de casi 80 años y dos niñas de tres y seis años, frenó la acción de la retroexcavadora que derribó la casa de zinc y concreto. ¿Por qué la prisa de la autoridad municipal en la demolición? ¿Quién contrató los equipos? Por la acción, una corregidora fue destituida y el asesor legal municipal fue amonestado. No es suficiente. Es preciso que los responsables de este atropello sean castigados con severidad por la ley y que la familia víctima sea suficientemente resarcida por los perjuicios que ha sufrido.