Hoy por Hoy 2002/10/13

La existencia misma de la República depende de las características y la calidad de sus gobernantes. Cuando el Ejecutivo es puesto en tela de juicio y despierta desconfianza entre los ciudadanos, se lesionan aspectos cruciales de la vida económica, social o política: aparece la inseguridad jurídica y, más inquietante aún, el desprecio por la ley y las normas de convivencia. La historia panameña está llena de ejemplos de debilidad institucional con todos los problemas que de ella se derivan. Por ejemplo, es inconcebible que la presidenta Moscoso cancele un Consejo de Gabinete, viaje al extranjero y se olvide de informar a la población. Antes había designado de viceministro a un asesor que además es magistrado suplente de la Corte y ejerce funciones en la inoperante Comisión Anticorrupción. También permite que el canciller de la República se convierta en el ministro del Interior y vocero político del Gobierno, y lleva de acompañantes, en un viaje para extirparse un quiste, al nuevo ministro de Gobierno y al director de la Policía. Esta irracionalidad en el ejercicio de sus funciones básicas provoca un vacío de poder, causa un enorme daño a la institucionalidad y le da la espalda a la realidad que viven todos los panameños. No es de extrañar, entonces, que una gran cantidad de panameños perciba una imagen negativa de su gestión y pida una purga del Ejecutivo.