Hoy por Hoy 2002/09/07

Con pompa y ceremonia la Autoridad del Tránsito anunció la emisión del Decreto Ejecutivo N° 228, suscrito por la presidenta de la República, y que concede a los conductores una moratoria para el pago del recargo por desacato de las multas impuestas por las infracciones menores cometidas, que suman casi los 30 millones de dólares. El Estado ofrece un plazo para que se cancele la deuda vencida, con el propósito de promover una mayor recaudación. Lo que a simple vista puede considerarse una fórmula de gestión de cobro, en el fondo, representa un premio para los transportistas y otros conductores malapagas y desincentiva a aquellos ciudadanos que cumplen a cabalidad con sus obligaciones. A medida que se profundiza la crisis económica se han incrementado las moratorias para el pago de los impuestos y tasas nacionales, municipales y de otra índole. Al ampliarse para el contribuyente el plazo de los pagos, el aplazamiento ha resultado beneficioso para las entidades recaudadoras, y, por lo tanto, para el Estado. La moratoria decretada en el tránsito es diferente. El desacato es, en realidad, una segunda sanción al conductor. La primera fue el haber incumplido con las disposiciones que regulan el tránsito vehicular. En vez de contribuir a mejorar el manejo ordenado y adecentar el transporte urbano de pasajeros, este tipo de decretos alienta la morosidad y la irresponsabilidad, que tanto daño provoca y tantas vidas humanas cobra en las avenidas y carreteras de Panamá.