Más de dos millones de costarricenses se someterán mañana al ejercicio de legitimidad democrática de la segunda vuelta electoral sobre la cual no tenemos experiencia de este lado de la frontera. La constitución de la vecina Costa Rica prevé que si en la primera ronda ningún candidato alcanza un mínimo del 40% de los sufragios, el primer magistrado deberá surgir de una segunda votación entre los dos candidatos más votados. No se trata de una fórmula con la simple finalidad de provocar un desempate, como el cara y sello de una moneda. La segunda vuelta presidencial es otra oportunidad democrática, en la que los candidatos están obligados a hacer gala de capacidad de negociación. En el reacomodo de fuerzas, quien resulta triunfador puede garantizar, gracias a la fórmula, la gobernabilidad y, dentro de un marco de concertación, da fortaleza al poder institucional. En anteriores discusiones de la reglamentación electoral panameña se ha planteado, sin éxito, incorporar esta norma. No se ha logrado por la sencilla razón de que nuestros políticos están más interesados en sus ambiciones personales que en el indispensable perfeccionamiento del sistema democrático. A pesar del desencanto y cierto grado de frustración del electorado del vecino país, la votación de mañana revitalizará y legitimará su sistema democrático. Para perfeccionar el suyo, Panamá está obligada a ponderar las ventajas de este modelo, que permitirían evitar muchos de los males que la agobian.
Hoy por Hoy 2002/04/06
06 abr 2002 - 05:00 AM
