Hoy por Hoy 2002/03/27

La inmunidad legislativa –parlamentaria en los países que tienen esa forma de gobierno– surgió durante la lucha por desafiar las monarquías absolutas que reinaban en Europa. Era un esfuerzo por impedir los abusos de autoridad que podrían imposibilitar la concurrencia de uno o más legisladores o parlamentarios –según el caso– a una sesión en la cual se aprobarían o improbarían medidas trascendentes para los asuntos públicos. La inmunidad nunca fue concebida para colocar a los legisladores o parlamentarios por encima de la ley, como se ha querido interpretar en Panamá. Pero los legisladores panameños, que tanto defienden su abusiva inmunidad, no han advertido que la retorcida Constitución vigente se contradice cuando establece la inmunidad legislativa y también avala la revocatoria partidista del mandato. En otras palabras, el legislador es inmune ante los poderes del Estado, pero debe someterse a los dictados de su partido. ¿Dónde queda su inmunidad? Es por ello que muchas veces, desde este mismo espacio, se ha expresado –y ahora se reitera– que en Panamá, en lugar de una democracia, lo que existe es una partidocracia: el poder de los partidos.