Hoy por Hoy 2002/03/16

La inminente terminación del contrato-ley que ampara el monopolio de Refinería Panamá suscita algunas reflexiones y genera nuevas preocupaciones. Para empezar, la empresa ha utilizado a su favor una demanda por casi cien millones de dólares que el Estado podría verse obligado a pagar por incumplimiento del contrato firmado en 1992, contrato que, dicho sea de paso, era excesivamente beneficioso y protector de los intereses de la empresa. Ahora Refinería, con nuevos dueños, busca convertirse en una zona libre de petróleo, esto es, una serie de beneficios que le permitirían catapultarse en el ámbito de la comercialización del oro negro a nivel mundial. Las preocupaciones se concentran en la habilidad que tenga el Estado panameño para negociar un nuevo contrato que sea justo, y no demasiado favorable a la empresa como fue el primero. Es de esperar que el Ejecutivo haga buena su palabra y logre que se paguen indemnizaciones aceptables, pues el 90 % de la fuerza laboral quedará cesante. También sería sumamente conveniente que los ministros de Estado se informen adecuadamente sobre asuntos tan delicados antes de hablarle a los medios y que no envíen mensajes contradictorios a la población. Después, cuando la opinión pública los considera ineficientes, se quejan.