Hoy por Hoy 2002/02/26

La extraña decisión del Ministerio Publico al suspender las investigaciones sobre el supuesto soborno a legisladores para que votaran a favor de los dos magistrados designados por el Ejecutivo, y para aprobar el Centro Multimodal, Industrial y de Sevicios (CEMIS), es una especie de aberración jurídica. Cierto es que la inmunidad legislativa impide al Ministerio Público investigar a los legisladores supuestamente implicados en actos de corrupción, pero las investigaciones no se reducen a los legisladores. Hay muchos otros aspectos que podrían identificarse como hechos constitutivos de delitos que no involucran a nadie que goce del repugnante privilegio de la inmunidad. Allí están, por ejemplo, las denuncias que Lew Rodin ha presentado en contra de Martin Rodin, su hijo, y las que Peter Rodin ha hecho en contra de su propio hermano. Otro tanto ocurre con Stephen Jones, administrador del Consorcio San Lorenzo, quien es la persona que puede precisar a qué se debieron los cuantiosos retiros de dinero en efectivo que se registraron en las cuentas del Consorcio, según ha declarado Martin Rodin. Esas situaciones pueden y deben investigarse, independientemente de si los legisladores tengan o no la coraza protectora de la inmunidad o la impunidad, que para el caso es lo mismo. El Ministerio Público falta a su deber constitucional y legal al suspender las investigaciones, bajo el pretexto de la inmunidad legislativa, lo que compromete su credibilidad y le hace un flaco favor a la justicia..