Hoy por Hoy 2002/02/25

En un país como Panamá, en el cual el analfabetismo moral es tan abundante, especialmente entre los servidores públicos, es muy refrescante y encomiable la actitud del presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, quien renunció a su inmunidad por todo el término de su mandato e invitó, con poco éxito, a que sus colegas hicieran lo mismo. Rubén Arosemena no ha sido implicado en nada, no ha sido indagado, pero en una decisión que lo honra, renunció a su inmunidad. Muchos otros –la inmensa mayoría– han asumido la cómoda actitud de que sea el Ministerio Público, a priori, quien solicite, específicamente, cuáles legisladores deben despojarse de la inmunidad. Es obvio que el Ministerio Público no puede determinar, en la mayoría de los casos, la identidad de los legisladores, porque necesita previamente efectuar la investigación que la inmunidad impide. Los legisladores que se sientan libres de corrupción deben imitar a Rubén Arosemena, y quienes no lo hagan, no podrán disfrutar del amparo de la presunción de inocencia porque la opinión pública, que para cualquier político es el tribunal de última instancia, invertirá la carga de la prueba; si no renunciaron a la inmunidad, es porque tienen algo que esconder. Para ser honorables hay que tener honor, y si hay legisladores que no lo tienen, de nada les servirá el ridículo título protocolar con el cual se adornan.