Hoy por Hoy 2002/02/09

Según la más reciente encuesta de Dichter & Neira, aproximadamente 2 de cada 3 panameños piensan que hubo legisladores que recibieron sobornos para que aprobaran el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, y que recibieron pagos para que votaran a favor de la ratificación de Spadafora y Cigarruista, nominados por el Ejecutivo para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pocas veces la historia republicana ha visto un escándalo de semejantes dimensiones, pues el espectáculo menoscaba la legitimidad de los tres órganos del Estado y coloca una grave interrogante sobre los métodos operativos y los propósitos reales de la dirigencia de varios partidos políticos. Las gravísimas acusaciones que han dado origen a esta extendida percepción del público deberán, por supuesto, investigarse en toda su profundidad. Un proceso imparcial debe servir para determinar las responsabilidades de los acusados, porque esta es la única manera de restaurar la credibilidad perdida. Pero para que haya imparcialidad en un proceso penal de este tipo, los ciudadanos deben estar vigilantes, porque solo ellos pueden defender la democracia de los actos aberrantes que comete el poder público. Para ello, habrá que fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y ejercer implacablemente la libertad de prensa. Una vez más, se trata de la lucha por la democracia.