Hoy por Hoy 2002/02/05

La reciente ley de transparencia en la gestión pública permite descubrir muchos de los males que afectan la administración gubernamental. Todas las instituciones tendrán que divulgar, quieran o no, sus planillas, contratos, gastos de representación y cualesquiera otros beneficios que otorguen a los servidores públicos, lo que revelará un grave problema de arbitrariedad salarial. Hay personas que desempeñan las mismas funciones en distintas instituciones –y hasta en las mismas–, que reciben remuneraciones muy desiguales. Como lo deben saber todos los que estén medianamente versados en las normas básicas de administración de recursos humanos, esas desigualdades injustificadas crean resentimientos, reducen la eficiencia y terminan por convertirse en un verdadero lastre para la administración pública y, por supuesto, para cualquier pretendida carrera administrativa. En esa materia, y en muchas otras, hemos retrocedido, porque antes del golpe de Estado de 1968 existía la carrera administrativa y la ley general de sueldos. Los militares acabaron con ambas para decidir libre y arbitrariamente a quién nombraban, qué funciones ejercía y cuánto se le pagaba. Sea como sea, ya hemos tenido tres gobiernos democráticos, pero todavía no hay una ley general de sueldos, y la carrera administrativa es más teoría que realidad. La responsabilidad no es de la Asamblea Legislativa, porque aun cuando a ella le corresponde aprobarla, solo puede hacerlo a propuesta del Ejecutivo. ¿De quién es la culpa?