La crónica roja del país está desbordada en la actualidad por el gran número de asesinatos que se registran vinculados al robo de aparatos celulares. El indicador va en alza a partir de la introducción en el mercado de teléfonos inteligentes, cada vez con más especificaciones y de mayor valor.
Como en delitos de otra naturaleza, es notoria y alarmante la participación de menores de edad que, ya sea por encargo, o por aspiraciones de carácter personal, les arrebatan la vida a sus víctimas, unas veces con el fin de no ser reconocidos, y otras por el simple ejercicio de matar. De ninguna manera puede descartarse la existencia de mafias dedicadas al tráfico internacional de esos aparatos. Esto ha llevado a varios países a establecer convenios con gobiernos vecinos para frenar el ilícito, y adoptar iniciativas de carácter legal que hagan inservible todo aparato celular que haya sido robado, al tiempo que endurecen las normas de castigo. Es urgente que Panamá no se quede a la zaga de estos esfuerzos y que, por el contrario, adopte políticas y medidas que le salven al país tantas vidas perdidas por un simple celular.