El expresidente Martín Torrijos ha hecho –y sigue haciendo– todo lo que está a su alcance para evitar comparecer ante las autoridades judiciales y responder a las acusaciones y sospechas que pesan sobre él, en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años: el del Cemis. Los obstáculos legales que ha ensayado –nueve en total– solo alimentan la suspicacia y dejan en entredicho sus alegatos de inocencia en este proceso.
Si no se aclara cuál fue su participación real en este caso, las dudas sobre su integridad lo perseguirán siempre. Y si bien la justicia panameña atraviesa por una seria crisis de credibilidad, no es menos cierto que al acudir a responder a estas acusaciones, también aclara a la ciudadanía su papel en el asunto. Este es el mayor escándalo de corrupción de la década, y poco han hecho las autoridades para llegar al fondo del caso. Por las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia pareciera que una vez más quedará impune lo que tanta conmoción causó al país y cuyas consecuencias aún agitan la conciencia colectiva de la sociedad.
