El eco del escándalo del caso Cemis sigue retumbando con fuerza, a pesar de que han pasado más de nueve años desde que un legislador exhibió pública y masivamente el fajo de billetes del soborno pagado a él y a sus colegas por la aprobación de un proyecto de ley.
Su excopartidario, el hoy expresidente Martín Torrijos, ha sido salpicado y mientras no aclare su participación en este caso, su nombre permanecerá manchado, al igual que el de otras figuras del Partido Revolucionario Democrático. Flaco favor le hizo la Corte Suprema de Justicia a la sociedad, al colectivo político, a sus miembros y, en particular, al exmandatario, al cerrar el proceso de investigación por formalidades, cosa que no hizo más que avivar las llamas de la suspicacia.
Casi una década después, los panameños seguimos esperando una investigación prolija y ejemplar, seguimos esperando explicaciones, pero sobre todo, esperamos justicia, aun cuando esta sea tardía, pues la alternativa es, una vez más, la impunidad. No es que no sepamos qué ocurrió en ese caso. Lo que nos decepciona es que los jueces hayan decidido ser mudos, sordos y ciegos.
