La decisión de llevar la segunda vuelta electoral a una ley es algo que debe estudiarse con mucho detenimiento. Existen en este momento voces –incluidas las de partidos de la alianza gubernamental– que creen que la introducción de esta figura es inconstitucional.
Si bien un gobierno debería ser elegido por una mayoría considerable –en Costa Rica debe ser un número excedente del 40% de los sufragios válidos– el motor de este instrumento electoral podría ser otro, como el ajedrez político que parece estar jugando este gobierno en el que no se descarta mantenerse en el poder. En consecuencia, la legitimidad del acto puede ser cuestionada.
Muchos otros piensan que una segunda vuelta electoral debería ser discutida en las reformas a la Constitución Nacional. Pero, en todo caso, si el gobierno sigue adelante con su proyecto, sin importar la opinión de sus pares en la alianza, la coalición oficialista podría verse perjudicada y el país sería sometido a un nuevo estremecimiento innecesario. La imposición nunca ha sido un buen método y esta administración lo sabe perfectamente, pero parece que no aprende de sus propios errores.