Es saludable, tanto para las víctimas directas como para el resto del país, enterarse de que, tras cuatro años de investigaciones, el Ministerio Público ha pedido abrir causa criminal contra algunos directores y directivos que estuvieron vinculados a la Caja de Seguro Social en los años que precedieron al envenenamiento masivo con dietilene glycol. Y es que resulta inconcebible e inaceptable que quienes desempeñan posiciones de jerarquía, no solo en el sector público sino también en el privado, soslayen las responsabilidades inherentes a los cargos para los que han sido designados.
Más cuando, como en el caso del dietilene glycol, documentos incluidos en la vista fiscal confirman que directores y directivos habían sido debidamente alertados de la situación que se vivía en los laboratorios en donde se producían los medicamentos que se les recetaban a los asegurados. El caso del envenenamiento con dietilene glycol es uno de tantos en el que es imperativo hacer justicia, porque el escarmiento es lo único que puede evitar que tragedias como esta, nacidas de la omisión y del descuido, se vuelvan a repetir.
