El reciente nombramiento de Harry Díaz como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia sigue generando toda clase de reacciones. Y no es para menos. No solo el ungido presidencial ha ejercido cargos públicos de mando y jurisdicción durante la administración Martinelli, sino que, aunque de forma interrumpida, lo ha hecho en 12 ocasiones.
Esta realidad, publicada sendas veces en Gaceta Oficial, convierte este nombramiento en un acto a todas luces inconstitucional. De seguir con esta charada, su gestión en la Corte comenzará bajo serios cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad, dejando una vez más en entredicho la independencia de este órgano del Estado. De ratificar esta designación, sin siquiera debatir la controversia que le rodea, los diputados se convertirán nuevamente en cómplices de una violación a nuestra ya pisoteada Constitución. Ahora la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de corregir los entuertos del Ejecutivo. Pero su servilismo nos hace perder toda esperanza.
