Que la Contraloría esté a cargo de quien fuera jefa de auditoría de las empresas del Presidente de la República es, de por sí, inadmisible. Si a esto se suman las excepciones al control previo y las cada vez más frecuentes contrataciones directas, tenemos como resultado un erario indefenso.
En lo que va de la administración Martinelli, argumentando que es necesario agilizar procesos, se han firmado contratos directos por casi el mismo monto aprobado por Torrijos en todo su mandato. Se trata de un proceder que despoja al Estado de los pocos filtros con que cuenta para desincentivar una corrupción que siempre está al acecho, pero que florece en tiempos de abundancia.
El Presidente y sus ministros están adjudicando miles de millones de dólares en obras. Se trata de un fenómeno que se dio en los primeros años de la dictadura, cuando se aprobaron proyectos y megaproyectos sin más control que la firma de un hombre. Panamá vivió un auge transitorio; luego pasó años pagando por aquel derroche de sobre costos, coimas y desfalcos. Imposible volver a permitir semejante arbitrariedad.