Que se cuestione la moral de un gobierno, en este caso el de Estados Unidos, para certificar el comportamiento de otro, es por completo válido. Pero sería lamentable que esa ausencia de autoridad moral de parte de quien juzga, sirva de excusa para que, quien es evaluado, en este caso Panamá, ignore las denuncias vertidas, sobre todo tratándose del tema de los derechos humanos. Ocupémonos en analizar y buscar mecanismos para corregir las deficiencias señaladas, en lugar de gastar energías discutiendo sobre la procedencia de la (de) certificación.
Tampoco se trata de poner parches ante la necesidad de allanar el terreno para firmar acuerdos comerciales; el respeto a los derechos humanos es parte fundamental de una democracia verdadera; y su violación es más aberrante en la medida en que seguimos registrando un crecimiento económico vertiginoso, pero excluyente, porque deja atrás, rezagados en una marginalidad oprobiosa, a cientos de miles de compatriotas.
El trato dado últimamente a minorías étnicas, y desde hace décadas a la población carcelaria –pasando por presiones a medios y periodistas–justifica interrogantes sobre la condición de los derechos humanos en Panamá. Bueno sería que el gobierno tomara nota de que no son suficientes sus arrebatos populistas para esconder lo que todo el país ya sabe.