Algunas de las actuaciones de la nueva defensora del Pueblo han sido cuestionables desde todo punto de vista. Sin duda alguna, debería tener la libertad de poder entrar en cualquier institución del Estado para evaluar las labores que se llevan a cabo allí, pues, después de todo, ha sido nombrada para velar por los derechos de todos los que tenemos que pagar impuestos.
Pero llegar al puesto y no tomarse el trabajo de evaluar el desempeño de todo su personal y ordenar destituciones de la manera que lo ha hecho, es pisotear la dignidad de los que allí laboran. Grave también es que varias de las personas destituidas eran especialistas en materia de derechos humanos, que son muy escasos en Panamá y en cuya preparación el Estado ha invertido dinero. Su actuación se parece mucho a la que en su momento protagonizó la Contralora, quien llegó como huracán a la institución despidiendo a personal clave y de carrera, con consecuencias conocidas –como el desastre del censo– y otras menos conocidas. La nueva funcionaria debe recordar que la Defensoría del Pueblo se debe a los ciudadanos de este país, y no a los partidos de gobierno.
