Las cifras muestran de forma contundente que en Panamá la membresía de un partido político da un salto sustancial durante el período en que este se encuentra en el poder. El repentino interés no surge de una epifanía ideológica de parte de los nuevos afiliados, sino del deseo de acceder a nombramientos, partidas, contratos o aumentos salariales.
Se trata de una realidad lamentable desde el punto de vista ético, y costosa en términos de las finanzas públicas, porque sugiere que de las arcas del Estado no solo se están transfiriendo recursos a los partidos políticos vía el subsidio electoral, sino que se están sufragando acciones para engrosar sus listas de adherentes.
Para alterar esta dinámica es necesario que los ciudadanos comprendan el papel de los colectivos, el valor del voto y otros fundamentos de la democracia, pero además se requiere que quienes nos gobiernan, administren los recursos con criterio de estadistas, no de politiqueros. Hasta el momento ese no ha sido el caso. Y la abultada planilla estatal da fe de ello.
