La iniciativa del ministro de Seguridad, de que las autoridades judiciales inicien una investigación por los supuestos hechos de corrupción descubiertos en la Policía Nacional, es una noticia tranquilizadora, ya que al menos alguien puede ver con claridad el hecho de que los funcionarios de esa dependencia deben someterse a la ley, tal como lo hace el resto de las instituciones del país.
El jefe de la Policía debería medir sus palabras y sus acciones, ya que no es él el que tiene la última palabra para declarar o condenar a alguien; eso es tarea de la justicia, por la que –al parecer– siente muy poco respeto.
El ministro hace bien en comprometer a la Contraloría y al Ministerio Público en este caso, a fin de que los involucrados también tengan la oportunidad de hacer sus descargos. De esa forma se preserva la institucionalidad, algo que parece estar pasando de moda bajo la actual administración. Todos esperamos que el jefe de la Fuerza Pública interponga lo antes posible las denuncias que corresponden en este caso y cumpla, como está obligado, lo que ordena la Ley.
