Las apuradas y cosméticas reformas a la legislación minera presagian un clima de desasosiego en la sociedad panameña como consecuencia de la sordera que padecen los órganos Legislativo y Ejecutivo, que se niegan a escuchar razones y argumentos contra la actividad minera a cielo abierto.
Si bien Panamá es rica en minerales metálicos y que su explotación puede generar dividendos importantes para la economía nacional, también es cierto que nuestra estructura gubernamental no está preparada técnica ni institucionalmente para hacer frente a proyectos de tal envergadura.
Prueba de ello es que una de las empresas concesionarias estuvo dispuesta a pagar los técnicos que necesitaba la Autoridad Nacional del Ambiente para evaluar su estudio de impacto ambiental. Y si no estamos en capacidad de hacer cosa tan básica, ¿cómo vamos a estarlo para que se cumplan las escasas y ancestrales leyes mineras? Hay grupos preparándose para cuando se aprueben estas reformas, pues el proyecto va de frente, cual aplanadora.
Por eso, por más arrepentimiento que haya mostrado, es evidente que el Gobierno nada aprendió de lo que ocurrió en Changuinola
