“Es la transparencia lo que hace que un gobierno tenga credibilidad ante su pueblo”, así lo expresó muy atinadamente un funcionario de la Defensoría del Pueblo a este diario. Y es precisamente en cumplimiento de la Ley de Transparencia que los ministerios y demás entidades gubernamentales tienen el deber y la obligación de publicar y mantener actualizados los datos que guardan relación con la disposición de los fondos del Estado.
No hacerlo, no solo causa suspicacia sobre el manejo correcto del erario público, sino que también afecta el índice de trasparencia del país. Es lamentable que, tras 18 meses de gobierno, el 40% de las instituciones haga caso omiso a esta ley, pero más censurable es que algunas de estas entidades no la hayan cumplido nunca. ¿Cómo puede el presidente, Ricardo Martinelli, y su Gabinete pensar en reformar la Constitución para permitir la reelección, si la credibilidad de su gestión está en duda por falta de transparencia? ¿Cómo podemos los panameños confiar que el proceso de reformas constitucionales se hará en completo apego a la ley? Al gobierno le hace falta demostrar, con hechos, su compromiso con la transparencia.
