Las víctimas del incendio en el bus 8B-06, ocurrido en octubre de 2006, sufren un nuevo golpe. Mientras el gobierno –el de antes y el de ahora– se afana en indemnizar a los dueños de buses porque han comenzado a dejar fuera de circulación sus vetustas chatarras, los familiares de los pasajeros que murieron o que sufrieron quemaduras en ese incendio no reciben ni un centavo.
La Corte Suprema les ha negado esa posibilidad, alegando que las autoridades no tienen responsabilidad en lo ocurrido aquella tarde en la que 18 personas fallecieron calcinadas. Como casi siempre, algunos magistrados de la Corte se encargaron de liberar a las autoridades de sus deberes para evitarles su merecido escarnio por la ligereza con la que muchas veces actúan.
No ha habido día en que los usuarios no se quejen del pésimo estado de los buses, de accidentes y carreras, de conductores ebrios o drogados o de sus largos prontuarios. Pero ni así hicieron algo, les permitieron a esos forajidos actuar con la certeza de la impunidad. Hoy, la Corte castiga a las víctimas y premia a esos funcionarios que no movieron un dedo para acabar con el caos. Es la justicia de nuestra Corte Suprema.
