La intransigencia del gobierno, así como de grupos de presión –como sindicatos o gremios– está polarizando al país, y esto realmente se está convirtiendo en una situación preocupante. Por un lado, esta administración insiste en conculcar libertades y derechos ciudadanos –como el de manifestarse libremente–, aprobando leyes que buscan condenas de cárcel de hasta dos años para el que se atreva a obstaculizar una calle.
Y así como este gobierno actúa como si el país fuera su finca, los educadores creen que la educación es de su exclusiva propiedad, olvidando que son funcionarios que prestan servicio remunerado a padres de familia y estudiantes. Ni unos ni otros sienten el menor respeto por su prójimo; asumen el papel de patrón, y al resto nos tratan como parias. Ya es hora de recordarles a ambos que ni esta es su finca particular ni somos sus siervos. Los panameños escogimos ser gobernados por una democracia cuyo mayor valor es la tolerancia. Pero no, triunfa el poder embriagante sobre la razón y el respeto, convirtiéndonos en víctimas de su necia y vacía petulancia.
