El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos –creado hace ya más de cinco décadas– no puede ser ignorado por nadie, mucho menos por los gobernantes. El respeto a los derechos fundamentales de todos los panameños no solo está previsto en el citado sistema; la misma Constitución que todo funcionario jura defender, es clara en cuanto a su mandato de protección de tales derechos.
Ello hace incomprensible que el Ministro de la Presidencia, el más cercano e influyente de los ministros respecto al Presidente, descalifique la audiencia celebrada en Washington, D.C., donde se examinó el estado actual del sistema judicial panameño.
Un gobernante consecuente con el respeto a las leyes hubiese sentido vergüenza por el solo motivo de que las condiciones del sistema de justicia hayan merecido ser examinadas ante un foro de protección de los derechos humanos. La actitud del ministro de la Presidencia es decidora del poco interés que ha caracterizado a esta joven administración por mejorar la calidad de la justicia en Panamá.
