En los últimos días hemos sido testigos de absurdos. Por un lado, las grotescas e injustificables protestas, innecesariamente violentas, por parte de miembros del Suntracs. La protesta es sana, siempre aporta al pensamiento y con ello genera evolución, pero lo que es una involución es utilizar tan denigrantes actos de violencia que perjudican, precisamente, la credibilidad de su gremio.
De otro lado, es inadmisible que todavía las autoridades le nieguen acceso a las instituciones de un estado de derecho a quienes fueron arrestados durante las protestas antes mencionadas. El debido proceso pertenece a todos los panameños; no importa el acto del que se le acusa, su profesión, ideología ni clase social.
Negar que los detenidos puedan ser visitados por sus familiares, así como la elemental asistencia jurídica, es desconocer la esencia del respeto al ser humano. Los detenidos tienen que ser procesados conforme lo dicta el debido proceso, con el mayor respeto a las garantías, recursos y peticiones que las leyes prevén. Si la ley consagra su libertad, esta debe ser ordenada inmediatamente. Los casos que no permitan poner en libertad inmediata a los detenidos, deben ser tramitados de forma expedita a fin de que, cuanto antes, se resuelva su situación jurídica. No hacerlo, es aberrante.
