La intransigencia pasó factura a la libertad ayer. Los obreros del Suntracs, que nos han sometido por demasiados días a tranques infernales, terminaron arrojando bloques y todo tipo de materiales desde las alturas contra peatones y policías. En democracia, este tipo de acciones no solo son deplorables, sino criminales.
El derecho a protestar no es una licencia para la barbarie ni la perenne obstrucción del libre tránsito. Pero en otro rincón de la ciudad, un corregidor –siguiendo “órdenes superiores”– ha cometido un imperdonable acto fascistizante en contra de la manifestación pacífica y silenciosa llevada a cabo por residentes del Casco Antiguo, quienes desde sus balcones demandan respetuosamente el cumplimiento de las leyes que protegen nuestro patrimonio histórico.
Burda hipocresía de las mismas autoridades que permitieron que el Presidente clavara en el Casco una enorme valla con el torpe y demagógico “Ahora le toca al pueblo”, pero persiguen a los ciudadanos que piden respeto a la ley. Si este gobierno quiere que el pueblo proteste pacíficamente, ese corregidor –o quien le ordenó el atropello a la libertad de expresión– debe ser destituido ipso facto.