La libertad de expresión, como madre del resto de las libertades, sufre en la región. Hoy se da cuenta del asesinato de un periodista y del secuestro de otro en países cercanos.
Esto se suma a la muerte violenta de otros dos profesionales de la información, semanas atrás. Si bien no hay evidencias que señalen que los actos violentos y letales contra los periodistas provienen de autoridades públicas, no puede soslayarse que ellas deben velar porque tales crímenes sean investigados, y sus autores castigados.
El homicidio de cualquier persona es un hecho execrable e injustificable en términos absolutos. Pero cuando se realiza como medio para obstaculizar la libertad de expresión, la verdad o la transparencia, es un crimen contra toda la sociedad, ya que desborda el ámbito personal para impactar el social.
La Sociedad Interamericana de Prensa debe contar con todo el apoyo para exigir el cese de actos violentos contra periodistas o medios de comunicación. Los representantes de la sociedad civil, en cada país de nuestra región, deben velar porque la actividad de informar no se limite ni restrinja.
Si detrás de estos atentados se encuentra la mano del poder, debe sancionarse ejemplarmente a quien, por obligación, está llamado a garantizar la protección y promoción de las libertades.
