Con ensordecedora irresponsabilidad, los gobernantes y sus ministros van contratando la adquisición de bienes y servicios a nombre del Estado que terminan en derroches multimillonarios.
A la escandalosa historia que hoy publicamos sobre unos aparatos adquiridos por la administración Torrijos para los recintos aduaneros le anteceden –en menos de una semana- los resultados de las auditorías llevadas a cabo a los corredores. ¿Quién permitiría que en su empresa se adquirieran equipos de semejante valor para quedar inservibles? ¿Quién responde por semejante fortuna dilapidada? ¿Cuándo llegará el día en que se investiguen los patrimonios de los funcionarios de entonces para despejar si hablamos de mera incapacidad o suprema corrupción?
Así mismo, las concesiones a los corredores fueron dadas en condiciones tan desfavorables al Estado panameño que prácticamente serán impagables e irrescatables… y nadie responde por el mal negocio. Más sorprendente aún es que los mismos que en el sector público solo le dejan al Estado contrataciones lesivas y onerosas adquisiciones, en sus carreras privadas se destacan como hábiles negociadores y exitosos empresarios. Cuánta contradicción, ¿no?
