El Ministerio Público investigará el caso de las fianzas que permitieron dejar en libertad al ex ingeniero municipal y a dos ex ministros de Estado. Lo triste de esto es que, aunque el caso de estos personajes es nuevo, la práctica es de vieja data. En otras palabras, tanto fiscales como juzgadores conocen –y desde hace mucho– que la ley contiene este boquete por el que se salen estos conspicuos sujetos.
Pero nadie ha movido un dedo para sellarlo; los funcionarios se han hecho de la vista gorda, pues resulta conveniente que el hoyo exista. Después de todo, uno nunca sabe si lo necesitará. Así de torcido es el sistema. Es imperdonable que ninguna autoridad haya promovido una ley que acabe con esta burla a la justicia, y con este abominable negocio del que solo puede lucrar la escoria de la sociedad. Además de investigar, la Procuraduría ya debería presentar una iniciativa legislativa y terminar de raíz con este problema.