La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que forma parte del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos– ha aceptado escuchar las preocupaciones de la sociedad civil panameña sobre los últimos sucesos que han impactado el sistema de justicia del país. Específicamente, la polémica elección de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema, que dejó en evidencia el amargo sabor del control ejercido desde el Palacio de las Garzas.
El derecho a la justicia –ejercida con independencia de todos los poderes– constituye un derecho humano fundamental, cuya violación o debilitamiento debe preocupar a todos. Lo sucedido con la hoy suspendida procuradora de la Nación –en un caso insólito de celeridad judicial– es la primera consecuencia de los cambios producidos a contracorriente de lo decidido por toda la sociedad panameña en el hoy completamente olvidado Pacto de Estado por la Justicia. Ahora, los males de la justicia panameña serán ventilados en Washington, evidenciándose el tiempo que hemos perdido desde el momento en que dejamos atrás la dictadura militar.