El TPC con Estados Unidos es una iniciativa que ha merecido la consideración de esfuerzo nacional. En torno a él, los panameños –por mayoría– hemos dejado de lado nuestras diferencias políticas para apoyarlo. No obstante esto, con total abstracción de las críticas que se puedan realizar al potencial socio comercial por sus agendas alternas, lo cierto es que nuestros gobernantes le dan excusas para obstaculizar la aprobación del tratado.
La primera vez que surgió un pero, se debió a la miopía política de los dirigentes del PRD al sostener, a sangre y fuego, a Pedro Miguel González como presidente del Legislativo, a sabiendas de los problemas legales que este enfrenta en dicho país. En esta ocasión, el asunto es mucho más grave. Lo que parece ser un estilo diferente de gobernar del presidente Martinelli, se ha convertido en una alarma que indica que nuestra democracia está en peligro. La pretensión del Presidente de controlar los poderes públicos, obviando con ello el texto constitucional, es la razón que utilizarán ahora los estadounidenses para decir “no” al TPC. Al final son los gobernantes quienes, con sus actos, muestran que sus intereses están primero que los del resto de los panameños.
