La renuncia de Boris Barrios al cargo de fiscal electoral llega en muy mal momento; no se sabe si es causalidad o casualidad. Lo cierto es que abre la vía para que el Presidente aseste otro golpe a la independencia de poderes y a la estabilidad en los controles democráticos.
Esta afirmación se funda en las actuaciones del señor Presidente –con la complicidad de la mayoría de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema de Justicia– con ocasión de la designación de la Contralora General de la Nación, magistrados de la Corte y el suplente a Procurador. Es desconcertante la pasividad de quienes lo acompañan en el Gabinete, que parecen compartir su desconocimiento sobre la democracia y la institucionalidad. De la Asamblea y de la Corte Suprema sabemos que poco podemos esperar.
Luego de cumplir con su meta de controlar todo el aparato estatal –desconfigurando la separación de poderes como base de la democracia–, la libertad de expresión será incómoda para el huésped de la avenida Eloy Alfaro. Por eso, esa libertad, y la prohibición de la reelección, emergen como futuras víctimas de la voracidad del Presidente controlador.
