Los últimos avances del escándalo FIS exigen una auditoría independiente. La razón que sustenta esta conclusión es la mezcla de circunstancias que delinean la existencia de un fuerte e innegable conflicto de lealtades que involucra a la fiscalizadora de los recursos públicos. La nueva Contralora registra como antecedente inmediato su notoria lealtad al Presidente, producto de una sólida relación laboral. Ello explica que haya sido tesorera de su partido y, por ende, copartidaria relevante.
A esto se suma el sospechoso –por incoherente– manejo del tema por parte del Ejecutivo, la fuerte presión que ejercerán los políticos y partidos involucrados, así como la injustificable permanencia del director Tamburrelli al frente de dicha institución, a pesar de haber demostrado que pretendía esconder los hechos. Las auditorías que se realizan para determinar el balance de las concesiones de los dos corredores de la ciudad, sirven como precedente de la independencia que se demanda. No se trata de desconocer la institucionalidad, todo lo contrario. Se trata de rescatarla y fortalecerla. Fue la Asamblea quien designó, para la complacencia del Presidente, una Contralora de su círculo de confort. Fue la Asamblea quien, con sus actos, propició esta situación.
