Tras largos años de espera, la Corte Suprema de Justicia permitirá que los panameños sepamos qué ocurrió con la aprobación del Cemis y el nombramiento de dos de los magistrados de esta alta colegiatura. Los hechos ocurrieron a finales de 2001 y principios de 2002, y todos estos años los ciudadanos hemos sido ignorados por funcionarios que, lejos de cumplir con su deber, se propusieron enterrar dos de los más vergonzosos escándalos que han sacudido el país tras la dictadura militar.
Tuvieron éxito... hasta ahora, aunque siendo este país pequeño, en el que todo el mundo se conoce, gran parte de lo ocurrido es cosa pública. No obstante, les corresponde al Ministerio Público y a la Asamblea Nacional investigar la profundidad de la corrupción que hizo posible tales actos y desenmascarar a los responsables. No deben olvidar que los ciudadanos merecemos respeto, pues se trata de funcionarios que desempeñan cargos a nuestro servicio. Fiscales y diputados llevan ahora a cuestas la responsabilidad de aclarar todo, o convertirse en colaboradores silenciosos de esos que enlodaron la majestad de la justicia con su funesta presencia y su cómplice actitud.
