Cuando de hacer cumplir las leyes se trata, nada como el ejemplo de líderes y dirigentes. En consecuencia, que el Ejecutivo decida ignorar las regulaciones vigentes para la protección de los pocos ejemplos que aún quedan de arquitectura canalera –y su especial entorno natural–, alegando razones de seguridad, constituye no solo un contrasentido sino un verdadero drama en esta sociedad de la impunidad.
Los residentes de las áreas revertidas han tenido que organizarse una y otra vez para afrontar violaciones sin nombre –apoyadas por ministros de Vivienda, ingenieros municipales y diputados que no dudaron en modificar leyes con carácter retroactivo para permitir cambios de zonificación– en cualquiera de las antes bien planificadas comunidades canaleras. Esta vez se trata de las faldas del simbólico cerro Ancón. Allí, una de las antiguas casas canaleras es usada por la Presidencia para huéspedes y eventos especiales. Tras la conocida rutina mediática para informar del deterioro de la casa –atribuido a la pasada administración– se anuncia sin pudor la construcción de un gran muro de cemento, despreciando normas y razones. Otro caso de impunidad desde el poder.
