Falta de castigo. Así de escueto define el Diccionario de la Lengua Española a la impunidad. Y esa llaneza en su definición contrasta profundamente con su repercusión social, con su gran capacidad para erosionar los lazos que hacen posible la vida colectiva.
En los tiempos que corren, mientras se declara con creciente histrionismo desde el poder –de ayer y de hoy– la lucha contra la criminalidad, seguimos esperando el castigo para casos tan cercanos como los muertos y enfermos por esa vergüenza del sistema de salud pública panameño que fue el envenenamiento masivo con dietilene glycol, o tan lejanos en la distancia como los terribles crímenes de la dictadura.
Hasta ahora, la democracia panameña parece haber institucionalizado la impunidad política –la peor de todas–, disfrazada siempre de garantías procesales que han ido perfeccionando hasta la exquisitez el encubrimiento basado en un entramado de intereses, privilegios y ventajas. Se trata se pura y simple impunidad.
